La Jornada
Conocer la verdad, que la Procuraduría General de la República se ponga a trabajar realmente e investigue todo lo que hasta ahora ha ignorado, es lo que esperan padres y madres de los niños muertos en la guardería ABC, de Hermosillo, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una comisión que investigue lo ocurrido en esa estancia.
Está claro que no emitirán ninguna sentencia, pero su opinión es muy valiosa, señaló Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños fallecidos. Nos ayudará a lograr la justicia que tanto anhelamos, confió.
Las madres y padres de tres niños que perdieron la vida en el incendio asistieron ayer a la sesión pública en la que, durante cuatro horas, los ministros de la SCJN discutieron la conveniencia de que el máximo tribunal ejerciera su facultad de investigar los hechos.
Al término y sin ningún triunfalismo, porque con nada me devolverán a mi hijo, Duarte señaló que su objetivo, además de saber realmente qué fue lo que pasó, es que situaciones como la de la estancia infantil ABC no se repitan nunca más.
El abogado Lorenzo Ramos Félix, quien representa a 57 paterfamilias de pequeños que se encontraban en la guardería el día del incendio, destacó que la determinación de los ministros abre un camino distinto al que hasta ahora les han ofrecido las autoridades judiciales del estado de Sonora y las federales.
Recordó que si las familias decidieron acudir a la SCJN fue porque habían transcurrido 21 días de la tragedia y se encontraban en medio de un pleito de vecindad entre las instancias estatales y federales, en el que mutuamente se lanzaban acusaciones pero no resolvieron nada. El único interés de las autoridades ha sido protegerse, indicó.
Por eso es que en las indagatorias se han dejado de lado varios aspectos. Resaltó que ninguno de los deudos cree que un enfriador de aire (cooler, se le llamó) haya ocasionado el incendio, como afirmó la Procuraduría General de Justicia de Sonora. Todos los que estamos familiarizados con esos equipos sabemos que cuando fallan se calientan y simplemente se apagan. Ni explotan ni se incendian.
Ernesto Moreno, también representante legal de las familias, mencionó que no se ha indagado sobre las explosiones que personas aseguran ocurrieron antes del incendio, mientras que José Francisco García, esposo de Patricia Duarte, se quejó y puso en duda la imparcialidad de la PGR, que no les informó que cuatro de los dueños de la guardería presentaron su declaración, cuando se suponía que estaban prófugos y los estaba buscando Interpol.
También estuvieron en la sesión Juana Luna Hernández, madre de Jonathan, y Cristina García, madre de Brian Alexander. Afuera se quedaron Celia Lara y Abraham Fraigo, padres de Juanito y Emilia, respectivamente, quienes llegaron cuando la sesión había iniciado y ya no pudieron traspasar el cerco policiaco que se colocó en la entrada principal de la Corte.
Se quedaron afuera con otro grupo de personas que acudieron a expresar su apoyo a las familias, reiterarles que ¡no están solos! y sumarse a la exigencia de que se haga justicia y se castigue a los responsables.
El abogado Ramos Félix también resaltó que el dictamen de los ministros se haya dado en tiempo récord de apenas 41 días, desde que se les presentó la solicitud de atracción de las investigaciones. También elogió la decisión de ir más allá para analizar la legalidad de la subrogación de guarderías en el IMSS.
La resolución de la Corte es un mensaje para el Estado que incumplió su responsabilidad de garantizar la seguridad de los hijos de madres trabajadoras, al avalar el funcionamiento de estancias infantiles que incumplen la normatividad.
En tanto se realiza la investigación de la SCJN, los padres de familia seguirán realizando movilizaciones sociales. No las vamos a detener, afirmó Patricia Duarte.
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