Vuelta prohíbida
Néstor Ojeda
Milenio
No es poca cosa que la parentela del gobernador y de altos funcionarios de su gabinete sean los beneficiarios de las concesiones de las guarderías subrogadas, y si bien no hay delito en ello, sí existen muchos indicios de la aborrecible práctica del influyentismo que ha padecido México durante toda su existencia.
Pero de eso a que frente a la muerte de 48 niños inocentes los propietarios de la guardería ABC no hayan sido siquiera citados por el gobierno de Sonora para declarar las razones por las cuales sus instalaciones no contaban con las condiciones mínimas de seguridad, hay un gran trecho.
La actuación del gobierno estatal ante esta tragedia ha sido por demás cuestionable. Que las autoridades judiciales de Sonora no tocaran ni con el pétalo de una rosa a los socios de la guardería ABC fue una llamada de alerta. Más allá de los gritos y sombrerazos de Eduardo Bours, la única autoridad que ha procedido legalmente contra estos concesionarios es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que interpuso una demanda civil en su contra al igual que contra la Secretaría de Finanzas sonorense que, dicho sea de paso, rentaba en medio millón de pesos al mes la bodega donde comenzó el incendio, cuando en realidad el costo de arrendamiento de ese inmueble era de 38 mil pesos al mes.
Por eso, a pesar de que Bours quiera disfrazar del conflicto electoral el caso ABC, es evidente que el manotazo del gobierno federal para atraer la investigación a la jurisdicción de la PGR tiene como objetivo editar la impunidad por encubrimiento en una de las tragedias que más ha lastimado e indignado a la sociedad mexicana y la cual no quedará satisfecha con que le entreguen a unos cuantos chivos expiatorios.
nestor.ojeda@milenio.com
http://impreso.milenio.com/node/8599267
Néstor Ojeda
Milenio
El gobernador de Sonora, Eduardo Bours, no fue el responsable del incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, de eso no cabe duda. Pero el actuar de la Procuraduría General de Justicia de su estado hace pensar que a la cadena de corrupción que se dio a conocer por la tragedia se suma un presunto encubrimiento para proteger a los propietarios de la estancia infantil.
No es poca cosa que la parentela del gobernador y de altos funcionarios de su gabinete sean los beneficiarios de las concesiones de las guarderías subrogadas, y si bien no hay delito en ello, sí existen muchos indicios de la aborrecible práctica del influyentismo que ha padecido México durante toda su existencia.
Pero de eso a que frente a la muerte de 48 niños inocentes los propietarios de la guardería ABC no hayan sido siquiera citados por el gobierno de Sonora para declarar las razones por las cuales sus instalaciones no contaban con las condiciones mínimas de seguridad, hay un gran trecho.
La actuación del gobierno estatal ante esta tragedia ha sido por demás cuestionable. Que las autoridades judiciales de Sonora no tocaran ni con el pétalo de una rosa a los socios de la guardería ABC fue una llamada de alerta. Más allá de los gritos y sombrerazos de Eduardo Bours, la única autoridad que ha procedido legalmente contra estos concesionarios es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que interpuso una demanda civil en su contra al igual que contra la Secretaría de Finanzas sonorense que, dicho sea de paso, rentaba en medio millón de pesos al mes la bodega donde comenzó el incendio, cuando en realidad el costo de arrendamiento de ese inmueble era de 38 mil pesos al mes.
Por eso, a pesar de que Bours quiera disfrazar del conflicto electoral el caso ABC, es evidente que el manotazo del gobierno federal para atraer la investigación a la jurisdicción de la PGR tiene como objetivo editar la impunidad por encubrimiento en una de las tragedias que más ha lastimado e indignado a la sociedad mexicana y la cual no quedará satisfecha con que le entreguen a unos cuantos chivos expiatorios.
nestor.ojeda@milenio.com
http://impreso.milenio.com/node/8599267
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