Los padres de los 48 niños fallecidos de los sobrevivientes en la tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, reclamaron al gobierno federal la falta de voluntad política que se ha mostrado para señalar culpables y castigarlos por los hechos ocurridos en 5 de junio pasado.
En ese sentido hicieron, a través de Catalina Soto Cota, vocera del movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio, un llamado a una nueva movilización ciudadana, en esta occasion de caracter nacional, y ya se prevé que para el próximo 4 de Julio, se realicen marchas multitudinarias en Hermosillo y en la Ciudad de México.
Hicieron un balance de la manifestación que el pasado sábado reunió a cerca de 15 mil personas en Hermosillo, estableciendo que el clamor de justicia crece cada día que pasa en la impunidad y por esa razón es que pidieron solidarizarse con los padres de los niños que sobreviven heridos en hospitales de México y los Estados Unidos.
"El crimen de la guardería ABC no quedará impune, porque la union de tantas voluntades sobre este gran objetivo común no lo permitirá, no nos conformaremos con que se dicten autos de formal prisión en contra unos cuantos chivos expiatorios, mientras los verdaderos culpables pertenecientes a las más altas esferas del poder politico y económmico continúan siendo solapados por las autoridades", precisó en reunion con los representantes de la prensa.
Soto Cota refirió que la simple atracción del caso de parte de la PGR no constituye ninguna garantía de que se hará justicia razón por la que señaló que hace falta voluntad política del gobierno para castigar el crimen.
"Estamos firmemente convencidos de que ante la falta de voluntad de parte del gobierno federal para actuar como la sociedad de todo el país se lo demanda, se requiere de la participación de peritos que practiquen una investigación multidisciplinaria de manera independiente.
También denunció que algunos de los padres de familia afectados, están siendo despedidos, porque ante el cierre de la guardería ABC y de otras, simplemente no tienen donde dejar a sus niños, razón por la que no les dan permisos en las empresas par alas que laboran y el IMSS se ha negado a pagar las incapacidades a que está obligado por Ley.
Por otra parte, el Gobernador Eduardo Bours anunció cuatro iniciativas de Ley, que presentará ante el poder Legislativo para aplicar sanciones severas a quienes omitan cumplir con la normatividad en guarderías, estancias infantiles o centros de desarrollo y atención, tanto para niños como para personas con discapacidad y adultos mayores.
El Gobernador Bours precisó que son tres iniciativas para reformar leyes en el Estado y una del orden federal, además está trabajando para proponer reformas a la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia tan lamentable como la del pasado 5 de junio en la guardería ABC, subrogada al IMSS.
"Yo estoy convencido de que no hay mayor homenaje que le podamos hacer a nuestros 48 niños (fallecidos) que el hecho de sentar las bases para que esto nunca, nuca más vuelva a suceder", aseguró el Gobernador Bours.
El Gobernador Bours detalló que tres de las propuestas presentadas son de orden estatal, donde una de éstas tiene que ver con el Código Penal, para que cuando haya menores de 6 años, mayores de 65 o personas con alguna discapacidad, las lesiones que se ocasiones se puedan considerar como delito culposo y puedan obtener desde uno hasta 8 años de cárcel, sin derecho a fianza y de 2 a 20 años de prisión, sin derecho a fianza, si alguien muere.
"Esto es, cambiar lo que tenemos actualmente, que no nos ha dejado satisfechos, obviamente a muchos, que no lo tenemos como delito culposo, sino como delito doloso", reiteró.
Explicó que otra de las propuestas de Ley se refiere a la modificación de la Ley de Responsabilidades del Servidor Público, para que los funcionarios públicos estatales y municipales que por omisión en las revisiones e inspecciones, o en caso de no hacerlas con profundidad y de buena manera, sea motivo de inhabilitación o despido, ya que actualmente no lo es.
Insistió que lo que se busca es mandar muy "clara la señal de que si no cumplen van a tener la posibilidad de inhabilitarlos, de despedirlos, al estar fallando con su obligación, lo que tenga que ver con este tipo de establecimientos".
En la tercera iniciativa presentada en el orden estatal se proyecta cambiar la Ley de Protección Civil para darle más autoridad a la Unidad Estatal de Protección Civil y para que, a diferencia de hoy, no se puedan abrir este tipo establecimientos sin la autorización de esta dependencia en todo el Estado.
"Y además, para lo que tenga que ver con cualquier tipo de negocios alrededor, donde se vendan hidrocarburos, que también en un radio de un kilómetro a la redonda, donde haya alguien que expenda hidrocarburos, pedirá la autorización de la Unidad de Protección Civil", agregó.
Insistió que en el caso general de guarderías, asilos, y todos los establecimientos que tengan que ver con la atención de niños, adultos mayores y discapacitados, requerirá la autorización de la Unidad Estatal de Protección Civil, ya que, actualmente no tiene autoridad para hacerlo.
La cuarta propuesta tiene que ver con el orden federal, ya que se planteará al Congreso de la Unión lo mismo que al Congreso Local, en lo que respecta al Código Penal, para que no sea únicamente en Sonora, sino en todo el País, donde se apliquen sanciones severas a quienes tengan responsabilidad en accidentes como el que ocurrió el pasado 5 de junio en la Guardería ABC, del IMSS.
"Que no sea nada más en Sonora, sino que sea en todo el País, que no tenga derecho de fianza y que se castigue de uno a 8 años si no hay muertos; de 2 a 20 años, si hay algún fallecido, en el caso de los menores de 6 años y adultos mayores de 65 o niños con alguna discapacidad", reiteró.
Explicó que trabajan para hacer una iniciativa para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es la que, "no nos permite a nosotros, aunque la tragedia haya sido en Sonora, aunque la tragedia hay sido con niños sonorenses, aunque el dolor esté en familias sonorenses, no nos permite actuar ni en contra de los servidores públicos federales, ni en contra de los dueños de la guardería".
"A mí me parece inadmisible, a mí me parece que esto no es correcto; lo estamos acatando, vamos a colaborar, reitero, en lo que corresponde, es lo que dice la Ley, pero creo que tenemos que demandar la iniciativa para que esto cambie y que tengamos los Estados manera de proceder en este tipo de cuestiones, aún cuando sean funcionarios públicos federales", recalcó.
(Con información de Demian Duarte/Finsat/RSC)
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