Expediente político
José Contreras
A un mes y medio del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 48 niños, prevalecen la impunidad y la ausencia de justicia.
En la tragedia hay responsabilidades penales, administrativas y políticas, pero el Estado mexicano ha sido incapaz de promover que éstas sean asumidas por los involucrados.
El 5 de junio, día del incendio, no hubo detenidos a pesar de que en cuestión de minutos se sabía ya que había varios muertos y decenas de lesionados.
Cuando un automovilista atropella y mata o lesiona a un peatón, de inmediato es detenido y queda a disposición del Ministerio Público para que responda por el delito de homicidio culposo.
Desde las 18:00 horas del 5 de junio se supo que había ya por lo menos 15 niños muertos, pero la Procuraduría General de Justicia de Sonora no realizó ninguna detención.
La dependencia se tardó dos semanas en consignar a 14 personas, en su mayoría funcionarios menores de la Secretaría de Finanzas del estado, por los delitos de homicidio culposo, lesiones y otros, aunque de éstos sólo siete están sujetos a proceso penal, y en libertad.
Un mes después, la PGR solicitó y obtuvo nueve órdenes de aprehensión en contra de los dueños de la guardería y de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, pero ninguna ha sido cumplida porque los presuntos responsables ya huyeron del país.
Los altos cargos dentro del servicio público son en todos los casos cargos políticos y quienes los ostentan están sujetos a responder en determinado momento, por responsabilidades políticas. Pero en el caso de la guardería ABC nadie ha asumido este tipo de responsabilidad.
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas de la comunidad de Acteal, en la zona de influencia del EZLN en Chiapas, fueron asesinados por presuntos paramilitares.
A los pocos días de los hechos fue cesado el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, por el presidente Ernesto Zedillo. Y días después renunció el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro.
Ambos servidores públicos –uno, titular del gobierno del estado y el otro responsable de la política interna a nivel federal– estaban muy lejos de estar directamente involucrados en la matanza de Acteal, desde el punto de vista penal.
Sin embargo, con dejar sus cargos asumieron una responsabilidad política, al no haber sido capaces, cada uno en su ámbito de competencia, de evitar una masacre como la de Acteal.
El 28 de junio de 1995, la policía motorizada de Guerrero disparó en contra de un contingente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en el vado de Aguas Blancas, lo que dejó un saldo de 17 campesinos muertos y varios lesionados.
El deslinde de las responsabilidades penales tuvo su propio camino, muy cuestionable por cierto, y en el ámbito político el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, se vio obligado a renunciar por la presión social y por la coerción de una investigación que había iniciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso del incendio de la guardería ABC nadie ha querido asumir una responsabilidad política, como sí ocurrió en los casos anteriormente citados.
El gobernador de Sonora, Eduardo Bours, sigue en su cargo como si nada hubiera ocurrido y duerme “como un bebito”, como él mismo lo declaró la semana pasada.
A nivel federal, el director general del IMSS, Daniel Karam, no sólo sigue en el cargo, sino que se dio el lujo de aplazar y manipular la información que debe ser pública.
La Comisión Permanente del Congreso aplazó hasta después de las elecciones la comparecencia de Karam para evitar un mayor costo político al PAN.
Y la SCJN, que en 1995 influyó para que renunciara el gobernador de Guerrero con su investigación por la matanza de Aguas Blancas, esta vez decidió aplazar su intervención para después de las vacaciones de los ministros.
Todo esto hace que tras la muerte de 48 niños por el incendio de la guardería ABC quede en el ambiente un tufo de impunidad, de indiferencia institucional y de desaliento.
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