MARCELA TURATI
Proceso.com
Documentos rescatados de la guardería ABC de Hermosillo, los cuales se hallan en manos de las autoridades de Sonora, revelan que los empleados de esa estancia eran sometidos a condiciones leoninas de trabajo; que se ofrecían pésimos servicios a los niños; que el IMSS detectó ahí numerosas anomalías y exigió corregirlas –incluyendo modificaciones en el techo que finalmente propició la tragedia–, pero no vigiló que sus disposiciones fueran atendidas. Socios de la guardería tienen otras estancias infantiles, que siguen operando y les dejan jugosas ganancias...
Apiladas en un cuarto de la Procuraduría de Justicia de Sonora se hallan 13 cajas que contienen fotografías de chiquillos sonrientes de la guardería ABC, libretas con anotaciones sobre sus últimas horas de vida y expedientes manchados de hollín que permiten reconstruir parte de la historia de la estancia infantil antes del incendio que mató a 48 niños y dejó 75 lesionados.
Dichos documentos, rescatados por el Ministerio Público, exhiben las condiciones laborales leoninas a las que eran sometidas las trabajadoras y la pésima calidad del servicio que ofrecían, además de aportar información sobre la forma en que los dueños del local hicieron de esa y otras guarderías subrogadas por el IMSS, que aún operan, su modus vivendi.
En una foto publicada en marzo de 2004 por el diario Cambio, a las trabajadoras de la guardería ABC se les ve cabizbajas en la sala de espera de la Dirección del Trabajo. El 1 de marzo habían bloqueado con una bandera rojinegra la puerta de la guardería para protestar por sus condiciones laborales y porque tres compañeras habían sido despedidas. A las 7:00 de la mañana llegó Marcelo Meouchi, el representante legal de la estancia, a pedirles que volvieran a trabajar y les dio su palabra de que no habría represalias contra ninguna. Ellas aceptaron y regresaron a sus labores.
Él incumplió su palabra: ese mismo día Meouchi, quien dijo tener 35 años de edad y vivir en el lujoso barrio Centenario, interpuso denuncias penales y civiles contra 22 trabajadoras y su líder sindical por el delito de “despojo”. Luego despidió a 13, de las cuales seis lograron ser reinstaladas y siete aceptaron renunciar a cambio de que la empresa “les retirara la orden de aprehensión”, según consta en los diarios. El depósito de nómina del 16 al 30 de mayo pasado, que fue salvado de los escombros, evidencia que se pagaron 65 mil 82 pesos de salario a 43 empleados. En promedio, su sueldo era de mil 513 pesos a la quincena. La mayoría de las trabajadoras eran jóvenes con preparatoria o mamás de niños que asistían a la ABC.
Cada empleada tenía un expediente donde aparecían cartas de amonestación (por cada tres acumuladas se les descontaba un día de sueldo).
Una agenda encontrada entre los restos del inmueble se usaba para registrar las causas de los descuentos. El día fatal quedó escrito: “Dulce, vacaciones 2/ Mary va a llegar tarde, deberá tiempo, pidió permiso para Dr. y banco/ Bibiana faltó”.
Las empleadas con hijos inscritos debían firmar el “Reglamento de la Madre Trabajadora”, en el que aceptaban que el día que faltaran (así fuera “por incapacidad, visita al médico o permiso”) no tenían derecho a dejar a su niño en la guardería; que si sus hijos se enfermaban durante horas de trabajo alguien más tendría que llevárselos, y en caso de que por ese motivo debieran ausentarse se les descontaría de su salario dicha falta. En el expediente amarillo de Alejandra Moreno se lee que entró cuando era soltera, tenía 19 años y no estaba embarazada. Un examen de orina extendido por un laboratorio lo ratifica.
Como otras, ella firmó un contrato temporal en el que se lee: “Es contratada para realizar actividades de Asistente Educativo”, y “por la naturaleza del puesto sólo se le requiere por un período de 28 días”. Se especificaba también que su salario sería de 95.90 pesos diarios y que por tres suspensiones acumuladas se quedaría cuatro días sin sueldo.
Como todas, tuvo que firmar la siguiente cláusula: “Queda estrictamente prohibido tratar asuntos sindicales dentro del horario laboral, así como también dentro y fuera de las instalaciones de la guardería”.
Desde la huelga frustrada, los dueños de la ABC se unieron con los propietarios de otras guarderías de Hermosillo para obtener la representación de una abogada que hizo contratos donde las futuras trabajadoras renunciaban de antemano a sus derechos. Difundieron entre empresarios una “lista negra” con el nombre de 24 mujeres recomendando no contratarlas porque habían participado en cuestiones sindicales. “Debido al problema suscitado en una guardería local del esquema vecinal donde el sindicato llevó a sus empleadas a realizar un paro laboral, para llevar a cabo un pliego petitorio irracional (…) sería necesario unirnos para hacer frente a esta problemática antes de que pudiera llegar a afectarnos a nosotros también”, se lee en la carta distribuida el 27 de noviembre de 2002.
Mas los problemas en ABC siguieron. El 26 de septiembre de 2005 el IMSS negó a la representante Sandra Téllez su solicitud para ampliar el cupo de niños con el argumento de que “cuenta con dos casos en proceso de juicio laboral relativo a sus trabajadoras”.
A raíz del conflicto mencionado, los empresarios formaron la Asociación de Guarderías de Sonora y, según los documentos, presionaron en bloque al IMSS para que aumentara la cuota por niño atendido, permitiera ampliar el cupo antes de licitar nuevas guarderías y disminuyera sus exigencias. En un escrito enviado a la aún coordinadora nacional de Guarderías, Carla Rochín –quien presentó su renuncia el pasado 18 de julio–, señalaron que, gracias al esfuerzo desarrollado por la Asociación, el IMSS dejó de exigirles “la contratación del médico epidemiológico, colación reforzada vespertina, menús tan costosos, perfiles de personal con alta escolaridad, con la finalidad de que al bajarnos la cuota de $2,019 a $1,951 bajáramos nuestro costo de operación y lográramos seguir operando”.
Se oponían al requisito de contratar personal de escolaridad elevada con el siguiente argumento: “El título profesional no garantiza la calidad humana necesaria para el trato y atención requeridos por el menor (…) la contratación de estas dos personas (asesor nutricio y jefe de fomento a la salud) nos significaría un gasto extra de entre 80 mil y 120 mil pesos anual”.
Por cada niño a su cargo recibían 2 mil 309 pesos mensuales y, en el momento del incendio, tenían 221 inscritos. En el mismo período, erogaban 130 mil pesos en sueldos y 41 mil en la renta de la bodega.
“Tenían capacitad autorizada para atender a 196 niños, pero ese mes sumaban 221, de los cuales 48 fallecieron, 75 resultaron con lesiones de distintos grados, y 98 quedaron supuestamente ilesos. Había 25 niños de más y no suficiente personal”, dijo a Proceso el abogado de los padres de las víctimas, Lorenzo Ramos.
Los oficios del IMSS
Algunas de las anomalías que el IMSS encontró en inspecciones realizadas a la guardería ABC se registraron como sigue y, en ciertos casos, adoptaron la forma de prohibiciones o recomendaciones: “Se detectó mal olor en los sanitarios infantiles (…) queda prohibido sustituir carne con espagueti (…) los alimentos no se congelan para dárselos a los niños cuando vuelva a tocar el menú (…) no debe agregársele agua al jugo de naranja (…) se detectó a niños acostados sobre las colchonetas porque no alcanzaron las sábanas…”
Los papeles encontrados dan cuenta de la relación amor-odio que había entre los representantes de la guardería y el Seguro Social. A veces llegaban a amenazarse con romper relaciones, después se reconciliaban y al final se abrazaban.
Uno de los primeros oficios del instituto describía a la estancia ABC como una guardería sucia, con telarañas, sin lugar específico para lavarse las manos, con alimentos refrigerados sin etiquetas, con olor a drenaje, sin enfermeras ni médicos, sin salida de emergencia y con ácidos desinfectantes en la cocina. Sin embargo, siguió operando.
El 28 de febrero de 2005, el IMSS reclamó a la guardería no respetar la capacidad establecida para 196 lugares e ignorar el plano de distribución que presentó originalmente. El 18 de abril le reprochó que las educadoras no reunieran el perfil laboral, y el 23 de agosto el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales envió a Marcelo Meouchi un oficio donde le exigía cubrir la deuda de 59 mil 685 pesos por cuotas obrero-patronales no cubiertas en 2002 y 2003, y le recordaba que el instituto no tiene que cargar con las obligaciones de ABC para con sus trabajadores.
El 26 de mayo de 2006, el reclamo fue por falta de personal capacitado y desapego a la calidad del servicio que el IMSS les contrató. En junio, se subrayó la falta de alimentos y de productos Gerber, y para septiembre la crítica se enfocó a las instalaciones: iluminación insuficiente, mal olor sanitario, huellas de filtración de agua. En enero de 2008, las inspecciones del IMSS advirtieron la falta de sábanas y las paredes humedecidas y con hoyos, así como el mal olor y la rotura de muebles.
En el expediente consta la queja de una señora por el hecho de que su hija aspiraba solventes en el área de descanso recién pintada.
Pero ya desde el 26 de julio de 2005 se había hecho llegar a la guardería un oficio que, de haber sido atendido, podría haber salvado la vida de los menores quemados en 2009. Dicho oficio señalaba a Sandra Téllez que era necesario ampliar las puertas principales, instalar puertas de seguridad abatibles hacia el exterior, sustituir plafones por material no inflamable (“tienen un plafón a base de lona plástica tipo carpa y es altamente combustible”), aislar el techo y arreglar ductos. Los empresarios ignoraron las adaptaciones señaladas y los inspectores no insistieron en exigir su cumplimiento.
Los otros negocios
En otro de los galerones-guarderías que siguen funcionando en esta ciudad, que se denomina EDI y pertenece a uno de los socios prófugos de la ABC, Gildardo Urquides, un joven que por las tardes cuida el establecimiento explica a los padres que llegan en busca de un lugar para sus niños:
“Puede traer a su hijo, aquí hay muchas medidas de seguridad, ya hasta quitamos los tambos de gas que teníamos en la entrada, ya pusimos cableado nuevo y este techo no se quema.” Lo mismo ocurre en la guardería Pasitos Adelante –ubicada en Ocotillo Business Park, un complejo de talleres industriales–, propiedad de Sandra Téllez, donde hace unos días los albañiles reparaban las instalaciones. “Ya tiene cableado eléctrico, más extinguidores, detectores de humo y puerta de pánico que pusimos como plus”, explicaba la psicóloga que atendía en la entrada un día antes de la reinauguración. En la Guardería Norte, otra bodega que forma parte de un parque industrial y anuncia cupo para 250 niños, una simpática recepcionista explica: “Lo cerramos durante dos semanas para hacer modificaciones. Al techo le quitamos el poliuretano y le pusimos otro que no se quema”.
A Pequeños Gigantes, una guardería que comparte pared con una fábrica de aluminio, le cambiaron el techo de lámina por uno de fibra que, según la recepcionista, “tarda hora y media en consumirse”. Desde 2001, a la socialité hermosillense le entró la fiebre por el negocio de cuidar niños, y en bodegas techadas con láminas y decoradas con algunos motivos infantiles instalaron, además de ABC, las guarderías Pasito Adelante, Del Norte, EDI, Sonrisitas, Del Río, entre otras que siguen activas.
Entre los escombros de la ABC se encontraron también papeles de Pasito Adelante y planos de la guardería Dynatech, así como correos electrónicos y documentos donde aparece la firma de los dueños como representantes o asistentes a distintas reuniones del ramo. “Los dueños (de ABC) son tres, pero a quien únicamente conocíamos fue a Sandra Téllez”, declaró ante el MP la educadora Marina Flores después del incendio. “Únicamente conozco a una señora que se llama Sandra, y también a un señor que conozco únicamente como Tony”, dijo a su vez la cocinera Guadalupe Torres.
Los papeles localizados en la guardería incendiada permiten reconstruir parte de su historia. Todo inició el 8 de mayo 2001, cuando un notario público solicitó el permiso de constitución de una sociedad para cinco guarderías: ABC, Picolino, Crece Conmigo, Mundo de Juguetes y Mundo Feliz. La idea no prosperó y sólo se constituyó la “Sociedad ABC”.
Los jóvenes empresarios Marcelo Meouchi y Antonio Salido, junto con sus esposas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y María Fernanda Camou, entonces treintañeras, formaron la “Sociedad Civil ABC”. Ellas aparecían como únicas socias, en tanto que ellos figuraban en calidad de miembros del Consejo de Administración.
Se hicieron asesorar por Gildardo Urquides, quien acababa de instalar EDI y dos años después abrió otra guardería en Nogales. El tío de Gildardo, José Manuel Matiella Urquides, les rentó la bodega que adaptaron como la guardería ABC. El contratista Martín Celaya declaró que cuando lo contrataron para los trabajos de remodelación pensó que la vieja fábrica tenía aval para operar porque vio a funcionarios del Seguro Social paseando con los dueños y sabía que contaban con la aprobación del Ayuntamiento. Sin embargo, existe una notificación del 25 de junio de 2001 donde el Ayuntamiento les pide suspender los trabajos por falta de permisos. Aparentemente así se hizo pero, ese mismo año, reanudaron las obras e inauguraron con el aval del entonces delegado del IMSS, Ernesto Rivera, quien aprobó el contrato con ABC y con las demás guarderías de la socialité, a las que renovó el permiso para el año siguiente. E inclusive, con el fin de empujar la solicitud de ABC, el dueño de la bodega, José Manuel Matiella Urquides, escribió una carta al IMSS en la que señalaba: “La techumbre formada por estructuras metálicas sobre las cuales descansa una cubierta de lámina galvanizada con aislamiento térmico se hizo cumpliendo con las normas… la construcción tiene edad aproximada de 17 años, durante los que no se ha encontrado ni la más mínima falla”.
Pero la bodega siempre tuvo material de poliuretano en el techo, que ardió en segundos, expulsó un humo altamente tóxico que asfixió a los niños y goteó sobre ellos hirviente. Esto aceleró la combustión de la lona de plástico que se había puesto para tapar el techo. En 2004, ABC se convirtió al esquema vecinal y aprobó nuevas revisiones del Seguro.
Para 2005, Gildardo Urquides –quien durante el incendio era director de Finanzas del Comité Estatal del PRI de Sonora– y Sandra Téllez, esposa del subsecretario de Ganadería Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, así como cuñada de Urquides, se convirtieron en socios capitalistas de la Sociedad ABC. Camou, la esposa de Meouchi –familiar de los propietarios de Sonrisitas– les vendió su parte.
El negocio de la ABC parecía redondo: el tío de Gildardo Urquides les rentaba por 40 mil pesos la bodega, un precio 10 veces menor al que rentaba el terreno contiguo como almacén al gobierno estatal, por el que cobraba medio millón de pesos y donde se inició el incendio.
A partir del 5 de junio de 2009, los socios de ABC, habitantes de las exclusivas colonias Centenario, Residencial Capistrano y Alta California, pasaron de las páginas de sociales, de los diarios locales, a las de nota roja.
Según las declaraciones del funcionario Escalante Hoeffer, su esposa Sandra había acudido a la guardería el mismo día del siniestro, aunque ninguno de los testigos del caso refiere haberla visto. Al día siguiente Antonio Salido, esposo de Marcia Gómez del Campo, acudió a la procuraduría, declaró que la sociedad estaba “ofendida” por el incendio y levantó una denuncia contra quien resultara responsable. La bodega estaba asegurada por AXA. Ahora, el abogado de las víctimas, Lorenzo Ramos, apunta:
“El 6 de junio, cuando habían muerto ya 30 niños y los papás todavía andaban batallando para que les entregaran los cuerpos y más de 10 niños agonizaban, Antonio Salido se presentó ante el MP para interponer una formal denuncia contra quien resulte responsable por el delito del incendio y los que resulten. ¡Estaba reclamando daños a su propiedad! Eso revela su bajeza moral. Él fue a reclamar lo suyo”. A los tres días de la tragedia, los implicados ofrecieron una conferencia con rostros compungidos y ojos llorosos. Se dijeron inocentes. En declaraciones posteriores responsabilizaron a la directora de la guardería, Diana Jaime Peralta, quien aún convalece en el hospital con el cuerpo quemado al 80% por haber tratado de sacar niños del fuego. Mas la muerte de 48 infantes y las lesiones que sufrieron otros 75 no han impedido a los dueños de ABC seguir “embodegando” hijos de trabajadores afiliados al Seguro Social en sus otros negocios. Siguen recibiendo ganancias del “ramo” aunque, hasta el cierre de esta edición, se hallaban en calidad de prófugos.
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=71018
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