El Financiero en línea
México, 1 de julio.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó nueve órdenes de aprehensión contra servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la delegación de Sonora y particulares relacionados con la Guardería ABC.
En conferencia de prensa, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora precisó que en virtud de que a la fecha corre el plazo legal para que la autoridad judicial resuelva sobre el libramiento de esas órdenes de aprehensión, están impedidos para informar sobre las personas consignadas y los delitos que se les imputan.
Señaló que de la consignación referida conoce el juez Primero de Distrito de Sonora, quien radicó la causa penal 134/2009 y precisó que oportunamente se informará sobre la determinación que adopte la autoridad judicial.
Medina Mora indicó que la averiguación previa está abierta y las investigaciones continúan, y agregó que el Poder Judicial de la Federación tiene bajo su consideración ejercicios de la acción penal y recursos ministeriales que serán resueltos en los tiempos que establece la ley.
Sostuvo que el Ejecutivo federal tiene compromiso pleno con la justicia y el Estado de derecho, ha actuado y actuará apegado a la ley y ejerciendo las facultades que corresponden al Ministerio Público Federal con los alcances y límites que la misma establece.
"El Ministerio Público de la Federación, en la investigación de este lamentable hecho, actúa en representación de la sociedad. Esta es la sustancia del imperio del Estado y de la vigencia del principio de autoridad", precisó. Recordó que el incendio se suscitó el 5 de junio, y hasta el momento ha dejado un saldo de 48 menores muertos, mientras que otros 18 niños están hospitalizados en clínicas del IMSS y en hospitales del extranjero.
El titular de la PGR refirió que a raíz de esos hechos, el Ministerio Público federal inició la averiguación previa AP/PGR/SON/HER-V/690/2009 y la procuraduría de Sonora la número 206/2009-Sector I.
De los dictámenes periciales se estableció que el incendio se inició y propagó en la bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora y se concluye que las medidas de seguridad no se cumplieron y tampoco se supervisaron, mencionó.
Asimismo precisó que el diseño arquitectónico para el desalojo del inmueble en que se ubicaba la Guardería ABC no era el adecuado. La puerta de la entrada principal no contaba con las dimensiones necesarias ni los dispositivos de fácil operación.
El inmueble, dijo, carecía de extintores suficientes para atender una emergencia como la ocurrida y como lo requieren las normas jurídicas aplicables, y el detector de humo no contaba con las especificaciones técnicas de la norma.
Medina Mora expuso que a raíz de los hechos, el 17 de junio el juez del fuero común en Sonora otorgó 13 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y del ayuntamiento de Hermosillo, de las cuales siete han sido cumplimentadas.
Al referirse a la situación del representante legal de la Guardería ABC, Marcelo Meouchi Tirado, comentó que el juez del fuero común declinó competencia en favor de la justicia federal. A su vez, el fiscal de la federación ejercitó acción penal en dos ocasiones, el 19 y el 22 de junio, contra cinco servidores públicos del IMSS en la delegación Sonora.
Se trata de Dalia Irene Botello Amante, Irma Crescencia Díaz Gómez y Yadira Barrera, coordinadoras zonales; Emigdio Martínez García, jefe de Prestaciones Económicas y Sociales, y Noemí López Sánchez, jefa del Departamento de Guarderías.
El procurador mencionó que a esas personas se les atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y ejercicio indebido del servicio público, y el proceso penal lo lleva el juez Primero de Distrito de Sonora, bajo las causas penales 126/2009 y 133/2009.
Detalló que hasta el momento se han cumplimentado las órdenes de aprehensión contra Botello Amante y Díaz Gómez; en tanto que Martínez García, López Sánchez y Yadira Barrera, promovieron juicios de amparo en los que obtuvieron la suspensión provisional. El 26 y 27 de junio se dictaron los autos de formal prisión contra Botello Amante y Díaz Gómez, sin embargo, las autoridad judicial concedió a la primera el beneficio de la libertad bajo caución y sigue su proceso penal.
En el caso de Díaz Gómez, añadió, el Ministerio Público motivó y fundó ante el juez de la causa negarle ese beneficio, lo que fue aceptado, por lo que la implicada se encuentra bajo prisión preventiva.
Recordó que el 24 de junio la PGR ejercitó la facultad atracción del caso y el juez penal de primera instancia en Sonora declinó competencia en favor de la justicia federal respecto a la consignación de los propietarios y representantes legales de la guardería por considerar que los hechos se refieren a un servicio subrogado en el ámbito federal. (Con información de Notimex/RSC)
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