Prensa Latina
Familiares de las víctimas, demandaron la renuncia del director del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, y la desaparición de estancias infantiles administradas por particulares.
Congregados frente a la sede del Senado, padres de los infantes y miembros de la sociedad civil denunciaron las irregularidades del IMSS, que a su juicio oculta información sobre los hechos.La presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Jaqueline Peschard, aseguró a medios locales que el referido organismo "ha incumplido y cometido irregularidades" en la entrega de datos sobre las guarderías subrogadas en el país.
De acuerdo con la funcionaria, de las mil 500 operadas por particulares, el IMSS solo entregó información de 150 con el argumento de que los datos estaban dispersos.
Previamente, la Comisión de Justicia denunció que el informe entregado por Karam a la Comisión Permanente tenía un total desorden lo que imposibilitaba ubicar a los titulares de las estancias infantiles subrogadas.
Trascendió no obstante que la guardería ABC era operada por particulares bajo concesión del IMSS, y en los más de 70 mil documentos como contratos y actas de cada establecimiento entregados al Senado, aparecen diversos nombres que pudieran estar relacionados con altos funcionarios.Los manifestantes dijeron que pedirán al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que una corte internacional juzgue y presione al Estado mexicano y castigue a los verdaderos responsables.
México tiene que dar una respuesta a este lamentable suceso y será un tema del que no podrá escapar porque no está cumpliendo con los acuerdos firmados en la Convención Sobre los Derechos del Niño, expresó la responsable del Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia, Raquel Barcena.
Karam, por su parte asumió el compromiso de trabajar conjuntamente con el Poder Legislativo sobre los nuevos esquemas de guarderías del Instituto, a fin de que no vuelva a suceder una tragedia como la de Hermosillo, Sonora.
Los familiares de las víctimas continúan alertas a la justicia mexicana, que el martes solicitó la ayuda de la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL) para la captura de nueve prófugos, presuntos responsables del incendio.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que a los prófugos, Arturo Leyva, delegado del IMSS en Sonora, y ocho particulares entre dueños y representantes legales de la guardería, se les atribuyen cargos de delito y homicidio culposo, lesiones culposas y ejercicio indebido del servicio público.
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